Las inversiones autonómicas de 2019 vuelven a excluir la demolición del inmueble y el PP exige a los ‘dos ayuntamientos’ que trabajen por los vecinos y no por sus siglas

Almassora, 10 de noviembre de 2018: El Grupo Municipal del Partido Popular de Almassora presentará este lunes al pleno de la corporación moción para que los ‘dos ayuntamientos’ exijan al Consell la inclusión en presupuestos del derribo del edificio 167. El inmueble, cuya demolición los vecinos reclaman desde 2015, “no solo ha sido ignorada por Puig y Oltra a nivel autonómica, es que a nivel local, ni PSPV ni Compromís han tenido ningún interés en reivindicar al Consell la inversión que merece Almassora”.

El portavoz del PP en la localidad, Luis Martínez, ha señalado que la moción que se debatirá el lunes en pleno “se elevará por cuarto año consecutivo”. “Durante este mandato hemos asistido al ninguneo de los vecinos y en 2019 esta marginación a la que nos somete el Consell vuelve a hacerse efectiva”. Lo más grave, sin embargo, radica en “los ‘dos ayuntamientos’ que nos gobiernan, que nunca tuvieron como objetivo defender los intereses de los vecinos sino proteger su ambición personal y velar por las siglas de sus partidos”.

El resultado se traduce en imágenes. “Más de tres años y medio después de estar gobernados por PSPV y Compromís, el edificio 167, tapiado y desalojado, sigue en pie. Y lo hace pese a que el 19 de octubre de 2015 elevamos una moción al pleno que votaron los ‘dos ayuntamientos’ que exigía la demolición inmediata del edificio una vez quedara deshabitado”.

Hoy, el inmueble, “es la muestra del fracaso del desgobierno de PSPV y Compromís. Dos partidos que ni se hablan ni se comunican, que cada uno gestiona en paralelo al vecino y cuyos resultados se traducen en pérdidas económicas para nuestro municipio”. “Un fraude a la ciudadanía que garantizó el rescate ciudadano pero que en la práctica su único objetivo ha sido servir al protagonismo de cada uno de los partidos y como consecuencia, provocar a Almassora pérdidas y exclusión, como a la que nos somete el Consell desde hace cerca de cuatro años”.